Comisionados del Infoem analizan criterios de resoluciones relevantes
Zulema Martínez Sánchez y Javier Martínez Cruz, integrantes del Pleno del Infoem, comentaron el libro "El Inai, resoluciones relevantes y polémicas (12 casos líderes)"
Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) y Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), y Javier Martínez Cruz, Comisionado de la misma institución y Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT, participaron en la presentación del libro "El Inai, resoluciones relevantes y polémicas (12 casos líderes)", llevada a cabo en Monterrey, Nuevo León.
El objetivo de este proyecto editorial consiste en identificar las cuestiones clave de algunos de los casos más importantes en materia de los derechos fundamentales de acceso a la información pública y protección de los datos personales en México, en virtud de la creciente necesidad de construir criterios sólidos para garantizar el buen ejercicio de dichas prerrogativas, que cuentan con reconocimiento constitucional.
Durante su participación, el Comisionado Javier Martínez Cruz se refirió al caso de cancelación de los datos personales relativos a la Cédula de Identidad del Registro de Menores de Edad. Destacó que, para resolver este asunto, resultó indispensable aplicar el principio pro persona y el interés superior del menor, así como considerar el carácter sensible de la información, con el fin de conocer el uso, destino y posible supresión de las bases de datos elaboradas con motivo de una iniciativa promovida por un anterior Gobierno de la República, hace varios sexenios.
En su intervención, la Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez expuso la resolución de un recurso de revisión en el cual se privilegió el acceso a la información pública frente a su clasificación como reservada. Puntualizó que cada caso requiere la realización de un ejercicio de ponderación de derechos; especialmente, en razón de que el principio pro persona debe prevalecer al balancear los beneficios y el interés general de dar a conocer determinados documentos. También resaltó que la reserva de información debe ser una excepción, pues el propósito de los órganos garantes de la materia es que cada individuo ejerza sus derechos en las mejores condiciones.
